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Una sociedad se mantiene cohesionada y en armonía, en la medida de que sus integrantes, es decir, los ciudadanos, conozcan, entiendan y cumplan lo establecido por las normas que existen para regular su comportamiento social, a fin de que prevalezcan la igualdad, la libertad y todos los derechos y obligaciones que a lo largo de nuestra historia, nos hemos puesto de acuerdo que existan de esa manera.
A veces, lamentablemente, se ha incorporado en el imaginario común la idea de que las vías de hecho son más eficaces que las del derecho. Muchas personas, incluso, creen que hay que seguir las normas, pero cuando la norma es injusta o atenta contra la moral individual, eso quiere decir que no estamos obligados a cumplirla, atribuyéndose de esta manera, en el relativismo de pensar que todo lo que nos parezca que atenta contra la creencia de un individuo se puede saltar, lo cual llevaría inexorablemente al caos. Si bien cada vez más vivimos en una sociedad inmediatista, un grupo humano llevado por ese camino está condenado a la inseguridad, a la violencia, a la miseria y desolación, o lo que Hobbes llama esa condición «miserable, desdichada y triste» en la cual estaba sumida la especie humana antes del establecimiento de la ley. Sin entrar en una explicación que se ajuste a derecho, que no es nuestra intención, convenimos en aceptar y creer firmemente que sólo la ley hace posible el ejercicio de la libertad y la vida civilizada. Si no tuviéramos ningún límite establecido, o comportamientos comunes aceptados por todos, la libertad se resolvería sobre la base de la ley del más fuerte, la fuerza bruta, el exceso de recursos que ahoga la escasez del oponente y le otorga ilegitimidad, logrando que no exista el dique contra la opresión del débil por el fuerte, que, en definitiva, establece la ley.
Cuando una sociedad es capaz de concebir y formular, por sí sola o a través de sus representantes, por su elemento consuetudinario o innovador y superador, reglas generales e impersonales válidas para todos, independientemente de la cultura y pensamientos individuales, a las cuales se promete y se debe acatamiento, su aplicación no puede estar condicionada sino por la aplicación de otra ley o instrumento similar que anule, en parte o en su totalidad, su contenido. De igual forma, si una organización administrativa superior, el estado provincial, por ejemplo, a través de su poder legislativo o por decreto del ejecutivo sancionan una ley de aplicación en todo el territorio provincial, sería innecesario que una entidad municipal, siguiendo con el ejemplo, estableciera una norma local, municipal, en la que confirma lo que la ley dice, o, por el contrario, estaría fuera de sus atribuciones que se oponga a lo establecido por ley. Sí podría, por supuesto, establecer los parámetros de aplicación de la norma dentro de los límites del municipio, pero siempre, en concordancia con el espíritu de la ley. Estos aspectos son conocidos por cualquier individuo, aún el más neófito en la materia, ya que garantizan el normal desenvolvimiento del estado de derecho, tan necesario para el crecimiento social y económico de cualquier sociedad.
Desde este punto de vista, nos sorprende y nos preocupa, genuinamente, que existan entes municipales que insistan en el incumplimiento de lo establecido por ley, en cuanto a la actuación de las profesiones nucleadas en este Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, ya que, tal como lo establece la norma, es de aplicación en todo el territorio provincial y cualquier profesional que actúe se encuentra sujeto a ella. Aun así, las autoridades municipales desconocen esto y violan flagrantemente lo establecido, ya que, sin intención de polemizar o de discutir algo que es tan claro, lo único que se exige es lo básico para que nos conduzcamos como una sociedad civilizada. ¿Qué les parece si dejan de lado las posturas individuales o el deseo de protagonismo demagógico y se dedican a cumplir la ley? Quizás empezaríamos a construir otro tipo de país.
