Rechazo al proyecto de ley

El CPIAyA reproduce en este medio la información publicada por el matutino «Época» para conocimiento de todos los matriculados y del público en general.

Si prospera la iniciativa presentada, se atomizará el CPIAYA, lo que puede significar, no solamente que se pierda la fuerza que otorga el carácter general mismo de la visión de todos los matriculados, sería más fácil ceder ante las presiones oportunistas del sistema, sea éste político o económico, sino que es aún más factible la concentración de poder de unos pocos (en cada profesión) en detrimento del interés común y del compromiso social que tiene esta institución en resguardo de la sociedad toda.

Nuevamente y sin haberse realizado consulta alguna a la organización que realmente representa a los profesionales en toda la provincia, como es el caso de nuestro Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, se presenta un polémico proyecto de ley que afecta, a nuestro criterio, no solamente al ejercicio de nuestros matriculados, sino al interés de la sociedad en su conjunto.

“Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia”, decía el famoso médico español Santiago Ramón y Cajal. Y la verdad que hay evidencia de sobra para darle razón. Hace ya cuatro años, se presentaba un proyecto que amenazaba la integridad institucional de nuestro Consejo Profesional y, lamentablemente, hoy vuelve a ser puesto a consideración sin que, tal como el mismo impulsor político lo había prometido, “no prospere en el ámbito legislativo sin antes contar con un amplio debate que involucre a todos los profesionales matriculados” según surge de lo publicado por medios periodísticos en aquellos tiempos.

No solamente se olvida, este legislador, de cumplir la palabra empeñada, sino también que hubo un masivo rechazo al proyecto de fragmentación de nuestra institución que se hizo sentir en una reunión auto convocada, que tuvo presencia notarial, dando fe que la gran mayoría de los arquitectos y técnicos, a través de la firma de un documento, estaban en contra de separarse para formar otra institución colegiada por fuera del organismo natural que los contiene en los últimos 60 años.

En aquella convocatoria, luego de la exposición de cinco arquitectos que habían solicitado la palabra, que otros expresaran voluntariamente su opinión, y se leyera el acta realizada, los profesionales presentes procedieron a firmar la misma a fin de que quedara constancia de su libre rechazo a la fragmentación de nuestro Consejo ¿Por qué entonces, nos preguntamos, ahora vuelve a presentarse un proyecto igual o similar? ¿Acaso se realizó la consulta que se había comprometido a realizar? ¿No fue suficiente instrumento de consulta, el acta notarial en que consta quiénes rechazaron tal medida inconsulta e impopular dentro de la órbita institucional? ¿Por qué un legislador distrae su atención para fragmentar y destruir una institución que puede exhibir ante la sociedad primeramente el cumplimiento de la tarea delegada por el mismo estado provincial con singular éxito en los últimos 60 años? Para beneficio de la sociedad toda, la conducta de uno o dos, de ninguna manera es representativa del resto. Y éste es justamente el punto.

El Consejo Profesional cumple con lo que la ley establece. Ni más ni menos. Si una minoría, sin legitimidad alguna, quiere arrogarse la representatividad del total de los profesionales de una provincia debe, al menos, justificar dicha representatividad en números a través de una asamblea, no en deseos poco claros, justificaciones absurdas, posturas más ideológicas que razonables y, sobre todo, sin utilizar los mecanismos democráticos que ya existen. Si son mayoría, ¿por qué no pueden obtener legitimidad a través del voto de sus pares en una asamblea abierta? ¿Acaso existen otro tipo de intereses, económicos, políticos, narcisismos y soberbia por ejemplo, que mueven estos hilos, justificándose en problemas de incumbencias, derechos y libertad de acción?.

Si democráticamente no han querido ni podido, ocuparse de la gestión y modificar lo que dicen que debe ser modificado ¿acaso pretenden hacerlo, como se dice vulgarmente, por detrás de la escena? ¿Necesitan presentarlo antes de que se acaben ciertos mandatos? No lo sabemos. Pero no estamos hablando del problema de una matrícula, que se entienda. La opinión pública debe saber que en una institución multimatricular como la que tenemos, uno de los pilares de la gestión es el hecho de que se auto administran las mismas a través de la interacción entre todas. Existen resortes estatutarios para que, dentro de la misma institución, se puedan discutir abiertamente estos temas y llegar a un consenso.

Pero no estamos hablando del problema de una matrícula, que se entienda. Solamente se debe pensar en la cantidad de oficinas diferentes y trámites distintos que debería recorrer un expediente para su registro o verificación, si corresponde, con el consecuente aumento de los costos de la gestión del mismo, la pérdida de interés de los inversores y el enorme despilfarro de tiempo que significaría.

Imagínese que cada matriculado que actualmente abona una matrícula anual y un pequeño porcentaje de sus honorarios, solamente si presenta un expediente, deberá abonar una matrícula mensual, con el aumento que ello supone y además seguirá destinando un porcentaje de sus honorarios al mantenimiento de una nueva estructura. No hay más que fijarse en los ejemplos que se conocen. Es tan obvio que no se entiende cómo alguien puede estar de acuerdo. Y es ahí donde aparecen las preguntas ¿Es en beneficio de los profesionales? ¿Representa un salto de calidad en el resguardo del bien común de la sociedad? ¿O es simplemente una maniobra desestabilizadora que responde a otros intereses?

La propuesta no surge de un debate abierto y consensuado, ni tan siquiera del conocimiento cabal de la misma. Dado que el Consejo Profesional, como institución multimatricular nuclea a profesiones afines que tienen un campo de trabajo común, resulta ilógico el argumento de la necesidad de dividir. Es de público conocimiento que en el seno del Consejo Profesional se llevan elecciones abiertas y democráticas de las cuales surgen, por amplia mayoría de votos, una nueva y totalmente renovada conducción, la cual está impulsando los cambios necesarios dentro de la Institución, para beneficio de sus matriculados. El camino es arduo y difícil pero se está transitando.

Por otro lado, existen sobrados argumentos acerca de cuáles serían los inconvenientes que presentaría la aprobación de una ley de estas características, no solo para los profesionales, sino también para la sociedad en su conjunto. “Miente, miente, que algo quedará” declaraba el tristemente famoso comentario de quien también acuño el principio de que una mentira repetida mil veces se convierte en realidad. Pero sesenta años de vida institucional, con sus más y sus menos, con aciertos y errores, nos dan la tranquilidad que acredita y demuestra la falacia de todos los argumentos de aquellos que están en contra de este Consejo y pretenden su fragmentación para hacer un negocio vaya uno a saber disfrazado de qué reclamo genuino, cuando en todo el mundo, las profesiones tienden a agruparse y tener más solidez, no sólo por la cantidad que forman al estar unidos, sino que estando en un mismo ámbito de trabajo pueden intercambiar ideas, limar diferencias, formular acuerdos duraderos y promover un mejor ejercicio profesional adentro de la misma institución sin que tuvieran que actuar otros órganos legislativos, para llegar a un consenso.

Cuando se plantea un hecho urbano, por ejemplo, exige un trabajo multidisciplinario, donde trabajan, sociólogos, arquitectos, ingenieros, agrimensores, técnicos, abogados, profesionales de la economía, etcétera. No hay sola una profesión que tenga la verdad revelada, como plantean algunos, eso es un hecho incongruente.

En un mundo que está totalmente interconectado e interrelacionado, en donde todos aportamos, el hecho urbano, en nuestro ejemplo, es una construcción colectiva de la sociedad. Por eso los que promovieron la creación de este Consejo hace ya sesenta años, fueron visionarios que nos legaron una organización eficaz, ya que todas las profesiones se ven representadas en puestos claves en el consejo profesional, en una alternancia que se da, por estatuto, cada dos años.

La división simplemente crearía islas profesionales que difícilmente puedan extenderse a la mayoría de las ciudades del interior por su debilidad de origen y capacidad económica, pequeñas diferencias de interpretación o de apreciación que hoy se solucionan en un ámbito en común para los mismos casos en la propuesta fragmentaria y divisionista nos llevarían a grandes batallas judiciales que desalentarían la inversión, el trabajo y el crecimiento. Esperemos que la cordura prime por sobre los intereses de grupos minoritarios.

Fuente:

http://diarioepoca.com/839941/rechazo-al-proyecto-de-ley/

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