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Ante la votación favorable en el recinto del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes modificando el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad, aprobando por vía de excepción el uso de suelo para la realización del proyecto conocido popularmente como “Shopping de la Costanera”, que es de público conocimiento, queremos aclarar algunas cuestiones que nos parecen necesarias a fin de que los miembros de nuestra institución y la ciudadanía en general, se encuentren informados acerca de nuestra gestión respecto de este asunto. Es por ello que comunicamos lo siguiente:
1. En primer lugar hay que dejar en claro que el ámbito y alcance de nuestra institución tiene relación con el ejercicio profesional de los matriculados y habilitados en la misma, no teniendo ninguna potestad, influencia, injerencia o relevancia en las ordenanzas que, soberanamente y tal como está establecido en las normas vigentes, promulga el Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes, entendiendo además que el poder de policía y autorización de cualquier obra dentro del ejido capitalino es de exclusiva responsabilidad de la Municipalidad de esta ciudad.
2. Ante el hecho de dominio público y evitando informarnos a través de supuestos o publicaciones periodísticas o de redes sociales, hemos realizado las presentaciones correspondientes ante la Dirección de Catastro, el Ejecutivo y el Cuerpo Legislativo Municipal y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, a fin de obtener toda la información pertinente acerca del proyecto, respetando las normas en cuanto al acceso de expedientes, utilizando los circuitos oficiales de información compatibles con la seriedad que requiere el análisis de casos como éste. Sin embargo, aún no hemos recibido respuesta de las notas presentadas.
3. Que expresamos nuestra sorpresa ante el cambio de algunos artículos del código de planeamiento local, habida cuenta de que nuestra institución es miembro permanente, por ordenanza municipal, de la Comisión de Código de Planeamiento Urbano y que deberíamos haber sido citados para estudiar las características, modos e implicancias de las decisiones tomadas, sin haber recibido invitación alguna, manifestando frente a esta situación nuestro rechazo al modo en que se han manejado los tiempos y las resoluciones tomadas. Creemos que la correcta planificación y protección del patrimonio natural y cultural de la ciudad, están por encima de cualquier interés económico y/o sectorial, sin que ello implique negar el avance lógico y la modernización de la misma.
4. Que un proyecto de esta envergadura, deducimos, debe haber sido estudiado por parte de los inversionistas con un tiempo prudencial de análisis, proyecciones, diseños y estudios de rentabilidad. Sin embargo, los ciudadanos en general y este Consejo Profesional en particular, teniendo dos representantes dentro del marco de cooperación institucional establecido con la municipalidad, no tuvimos el mismo tiempo ni la misma oportunidad de análisis de semejante plan.
5. Que debemos entender que todas las ciudades ribereñas tienen un vínculo natural con el río, fuente de vida que rodea a la misma, a fin de permitir que el cauce de agua y su propia forma de relación con lo construido por el hombre, generen una simbiosis que no debería interrumpirse tan fácilmente, más allá del tamaño de la construcción misma, sin antes haber estudiado a fondo, si los alcances o beneficios laborales, económicos, sociales y turísticos que promueve el proyecto son superiores a las consecuencias contaminantes, naturales, visuales, o a la pérdida del atractivo natural tan preciado en nuestra tradición provincial y en nuestra ciudad, incluyendo, por supuesto el impacto ambiental que genera.
6. Que hacemos saber a la población que justamente para asesorar en estos estudios a los ediles municipales es que se encuentran disponibles las organizaciones técnicas y los cuerpos colegiados, como el nuestro, que poseen en sus propios ámbitos, profesionales que podrían utilizarse en estos casos a fin de alcanzar un consenso necesario para afectar o modificar determinadas zonas de la ciudad. Que se mantienen convenios marco de trabajo conjunto para que esto pudiera ser efectivizado. Sin embargo, no hemos sido consultados sobre el tema ni hemos participado de ningún análisis referencial, aun cuando ciertos ediles se expresaron públicamente en favor de ello.
7. Que en referencia a lo anterior, no creemos que solamente nuestra opinión técnica pueda y deba ser la única válida, sino que expresamos nuestra disposición al servicio de la comunidad en la búsqueda de que el ejercicio profesional de nuestros matriculados se realice con el bien común como norte de trabajo. En este sentido, es parte de nuestra tarea, promover el buen desempeño de las profesiones matriculadas en este Consejo, las que, por supuesto, se encuentran involucradas directamente en un proyecto de esta naturaleza. Ello, por supuesto, no invalida ni descalifica los estudios que las partes pueden realizar por su cuenta, sino que constituye solamente un aporte institucional que no ha sido tenido en cuenta.
8. Que entendemos, en nuestra humilde opinión, que las normas son las directrices con las que todos los ciudadanos, sin distinción, regulen su actividad diaria, su vida. En este sentido, las excepciones, deben estar más que justificadas, con criterios específicos de estudio particular, a fin de que las mismas no se conviertan en jurisprudencia que otorgue nuevas excepciones y la norma termine convirtiéndose en mera tinta en un papel, sin ningún sentido ni aplicación práctica. Para ello deberíamos consensuar una norma específica que regule el uso del espacio costero poniéndonos de acuerdo en el tipo de ciudad que deseamos.
9. Que dejamos en claro que, siendo un cuerpo colegiado, formado por miles de matriculados en toda la provincia, no podemos, ni corresponde, expresar una postura a favor o en contra del proyecto, ya que de la misma forma en que pueden haber matriculados que públicamente se han expresado en contra del mismo, existen aquellos que también lo han hecho a favor. Es por ello, que solamente podríamos haber expresado una opinión técnica, basada en hechos y no en suposiciones, favores políticos o de cualquier otra naturaleza o todo lo expresado por los medios, cuestiones en las que este Consejo Profesional no se entromete ni comparte. Sin embargo, no hemos sido llamados para emitir nuestra opinión ni para participar de aquella comisión en la que somos miembros activos y no hemos sido tomados en cuenta, lo cual nos parece, al menos, susceptible de revisión o criticable.
10. Que es necesario aclarar que ningún matriculado, aun cuando fuera miembro de la Comisión Directiva de nuestra institución tiene la voz representativa de todos los matriculados, por las razones expresadas anteriormente, por lo que sus opiniones, a favor o en contra, no reflejan la expresión oficial institucional, la cual está expresada en esta comunicación.
11. Por último, y como corolario de todo lo anterior, queremos manifestar nuestra profunda preocupación acerca de las construcciones permitidas en las playas de nuestra ciudad, que modifican la fisonomía natural del ambiente sin que existan estudios profundos, objetivos y serios, acerca del impacto de las mismas en el futuro de nuestra oferta turística, nuestro patrimonio natural y visual y el acceso general al bien público que constituye una oportunidad de recreación y patrimonio cultural de todos.
Pensemos y construyamos una ciudad que nos incluya, que nos deleite, que nos represente y que nos una, sin negar el progreso y el avance tecnológico y económico pero, a la vez, sin sacrificar patrimonio público en función de la rentabilidad del espacio, más allá de quién sea el propietario del mismo.
Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura
y Agrimensura de la Provincia de Corrientes.
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